martes, 23 de septiembre de 2008

BICENTENARIO EN ENFOQUE


Improvisación y prisas
Reforma(14-Sep-2008).-

Cuando Rafael Tovar y de Teresa fue nombrado comisionado de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, el 17 de septiembre del año pasado, convocó a 34 instituciones (secretarías de Estado y organismos públicos descentralizados) a presentar proyectos y acciones conmemorativas. Tras dos meses de trabajo, el resultado fue una agenda con más de 400 acciones, en la que las secretarías incluyeron programas lanzados a principios del sexenio, obras incluidas en sus planes anuales de trabajo y proyectos heredados de otras administraciones.
Hoy, la agenda ostenta algunas curiosidades como: un programa para rescatar el águila real en extinción, que data de 1999; la escenificación de las batallas de Independencia y Revolución por parte del Ejército; la declaratoria de septiembre como mes de la Patria en las escuelas públicas, como si eso fuera una novedad; la construcción de la Presa de Arcediano en Jalisco, anunciada desde el 2001, y hasta el programa social Caravanas de la Salud.
México comenzó a planear el 2010 siete años después de Chile y dos después de Argentina -que también conmemoran ese año el inicio de sus gestas de Independencia-. En junio del 2006, antes de unas elecciones en las que Andrés Manuel López Obrador tenía posibilidades de arrebatarle al PAN la Presidencia, el presidente Vicente Fox firmó el decreto de creación de la comisión organizadora y nombró coordinador de la misma al líder histórico del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, entonces confrontado con López Obrador.
El decreto obligaba a presentar un programa base en seis meses y señalaba que el gobierno dispondría de los recursos para organizar los festejos; se creó un fideicomiso con una partida inicial de 50 millones de pesos. Pero en noviembre del 2006 Cárdenas renunció a la comisión sin entregar un informe de lo hecho hasta ese momento.
El presidente Felipe Calderón esperó hasta marzo del 2007 para designar al Conaculta y su presidente, Sergio Vela, como encargados de los festejos. Paralelamente, encargó al empresario Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, reunirse con líderes de diversos sectores para perfilar un proyecto para el Bicentenario. Esto lo hizo entre junio y agosto del 2007, según explicó Landeros en entrevista con Reforma (15 de septiembre del 2007). Tras meses de especulación sobre el posible nombramiento de Landeros como tercer coordinador de los festejos, finalmente el 17 de septiembre Calderón nombró a Tovar y de Teresa al frente de una comisión independiente, que elaboró su propio proyecto.
La comisión absorbió los recursos del fideicomiso, que había erogado la Secretaría de Gobernación en el 2007, y se nombró al Banco Nacional de Comercio Exterior como fiduciario.


Los más ambiciosos

Como si no fuera costumbre, la Secretaría de Educación Pública incluyó en el programa una convocatoria para que las escuelas organicen concursos, periódicos murales, debates, exposiciones y visitas a museos durante septiembre, con la finalidad de dedicar ese mes a la historia de la Patria.
Pero ésa es sólo una de las 29 acciones atribuidas a la SEP en el programa. También se incluyen proyectos ambiciosos como el de las 200 Escuelas del Bicentenario, que pretende dotar a ese número de planteles urbanos o rurales de infraestructura, programas y capacitación. Un proyecto similar, pero que se propone llegar apenas a 100 escuelas, comenzó hace un año en Argentina y hasta el momento se ha trabajado en 40 centros de enseñanza. La SEP no ha dado a conocer ese proyecto ni otros de los que también podrían implicar un trabajo más arduo, como la publicación de una historia mínima de cada estado y la edición de una colección de 10 libros básicos sobre el Centenario y el Bicentenario para las escuelas de educación básica.
En estos dos años otras instancias tendrán que meter el acelerador en sus programas. La Secretaría de Turismo promete llegar a la meta de 50 pueblos mágicos, lo que implica que en sólo dos años se incorporen 18 ciudades, cuando el ritmo de trabajo desde que arrancó el programa en el 2001 ha sido de cinco pueblos por año.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá aumentar de 158 a 200 las áreas naturales protegidas y completar la meta de un billón de árboles sembrados por el programa Proárbol, además de promover la creación de parques alusivos al Bicentenario en todo el país.
Pero no en todo llevan prisa. Según el informe de actividades del 2007 de la Semarnat, la segunda etapa de los trabajos de saneamiento de las 55 hectáreas de la ex refinería 18 de Marzo, donde estará el Parque Ecológico Bicentenario, se terminará hasta 2010, año en el que el parque ya debería estar funcionando. Después del saneamiento, la Secretaría tiene que seguir con la construcción del proyecto integral que anunció Calderón en mayo del 2007. Con una inversión programada de mil 300 millones de pesos, el parque es una de las principales apuestas del Presidente rumbo al 2010, e incluye áreas verdes, un Museo de Energía Renovable y de Desarrollo Sustentable, auditorios al aire libre, restaurantes, zonas peatonales, ciclopistas, juegos infantiles, áreas deportivas, viveros, una planta de tratamiento de aguas residuales y un acuario que pretende ser el mejor de Latinoamérica.
El fideicomiso creado por Banobras específicamente para el parque designó en junio pasado a la directora del Papalote Museo del Niño, Marinela Servitje, y al arquitecto Ricardo Legorreta como encargados del proyecto ejecutivo.


Herencias, reciclaje y proyectos

Algunas secretarías fueron más cautas y prefirieron meter a la agenda de conmemoraciones programas en marcha, obras previamente planeadas o incluso heredadas del sexenio anterior. La Secretaría de Salud incluyó un programa social anunciado durante los primeros 100 días de gobierno de Calderón, que ha sido cuestionado desde su arranque por su poca eficacia: las Caravanas de la Salud.
La Comisión Nacional del Agua inscribió como un proyecto del Bicentenario la Presa de Arcediano en la Barranca de Huentitán, Jalisco, obra que no pudo obtener presupuesto en la administración de Fox por el amparo de una propietaria.
La Secretaría de Energía incluyó la cons- trucción de la carboeléctrica del Pacífico, en Michoacán y el estado de México, que se licitó desde 2005. Agregó proyectos ya amarrados, como la Central Norte La Trinidad-Durango, cuya obra arrancó a principios de año; la Central Presidente Juárez, en Baja California; la central eólica La Venta III en Oaxaca, que está en licitación, y el gasoducto Tamazunchale-Palmillas, incluido también en el Plan Nacional de Infraestructura.
Conagua, que dedicará gran parte de su trabajo y presupuesto a los problemas del drenaje profundo de la Ciudad de México, optó por incluir la construcción del Emisor Oriente y el saneamiento del Valle de México como obras del Bicentenario.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de plano incluyó el programa carretero de los próximos años en la agenda; así como el sistema 3 del Tren Suburbano, en licitación, y la terminal de cruceros de Manzanillo. Además, colabora en la señalización de las rutas históricas.
En el programa también aparecen obras de papel. Proyectos que no se mencionan en los informes ni en los planes de trabajo de las secretarías.
Tal es el caso de una cuarta central eólica de La Venta, en Oaxaca, que según el programa complementa el proyecto eléctrico del Bicentenario, pero en la Sener sólo hay planes para La Venta III.
La comisión tiene enlistada la construcción de cuatro hospitales de especialidades en Tamaulipas, estado de México, Durango y Querétaro, pero la Secretaría de Salud sólo ha arrancado la construcción o licitación de los primeros tres y en ningún documento menciona el de Querétaro.
En febrero del 2008 se anunció la creación de un Museo del Cine Nacional. Siete meses después sólo se sabe que pretenden abrir 10 sedes en todo el país, pero no dónde ni con qué presupuesto. Tampoco se sabe nada del Museo Nacional de Indumentaria, Diseño Textil y Moda que se contempla en la agenda de la comisión.


El espectáculo

En medio de su lucha contra el narco, el Ejército mexicano deberá preparar la escenificación de las batallas de Independencia y Revolución y llevar de gira a su orquesta y su coro, según el programa. La Secretaría de la Defensa Nacional invitará también, como lo hizo Porfirio Díaz para el Centenario de la Independencia, a planteles militares extranjeros para participar en los desfiles conmemorativos.La Secretaría de Marina comenzó en el astillero de Tampico la construcción del buque oceánico Independencia y en Veracruz la del buque Bicentenario; se está haciendo la catalogación de los documentos históricos y reseñas relativas a la Secretaría y se prepara una edición histórica sobre la Marina en estos acontecimientos, además de varias exposiciones en sus museos. En la agenda de la comisión del Bicentenario también se contempla que la Semar organice una regata naval internacional.No podían faltar en los festejos las monedas conmemorativas. El Banco de México prevé acuñar dos series de monedas de cinco pesos: una de 19 alusivas a los personajes de la Independencia y otra de 18 con momentos o personajes de la Revolución. Se emitirá un billete de 100 pesos para festejar el Centenario de la Revolución y uno de 200 para el Bicentenario de la Independencia. También se fabricarán monedas conmemorativas en metales preciosos.



A hacer historia

Agenda con las propuestas de secretarías y organismos:

111 publicaciones
41 proyectos de materiales audiovisuales
12 actos cívicos
26 exposiciones
48 coloquios, foros, conferencias y encuentros
25 espectáculos
28 certámenes
4 reconocimientos
32 obras de infraestructura

Fuente: Programa base de las celebraciones del 2010.

SOBRE EL BICENTENARIO


Festejarán 2010 reciclando obras

Reforma(14-Sep-2008).-
Proyectos heredados del sexenio anterior, como la presa de Arcediano, en Jalisco; obras que aún no tienen proyecto arquitectónico, como un hospital de alta especialidad en Querétaro, y acciones recicladas, como declarar septiembre mes de la patria, forman parte de la agenda de la comisión del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.
La comisión aglutinó, en un paquete de 400 acciones, las sugerencias de 34 secretarías de Estado y organismos públicos.
La agenda incluye obras sin proyecto, como la central eólica La Venta IV, en Oaxaca. Según la Secretaría de Energía, sólo se consideran recursos para construir La Venta III.
Otra de las acciones conmemorativas es el rescate del águila real, especie en peligro de extinción y emblemática por figurar en el escudo nacional. Pero este programa se echó a andar desde 1999.
También se mencionan obras con un notable retraso, como el Parque Bicentenario, que se construye en la ex refinería de Azcapotzalco, que, según la Semarnat, terminará de ser saneada en 2010, año en el que el parque ya debería estar funcionando.
Para obtener un informe más detallado del parque anunciado en mayo de 2007, se buscó a Marinela Servitje, encargada del proyecto ejecutivo. Personal del Papalote Museo del Niño señaló que la petición de entrevista debía remitirse a la oficina de Antonio Vivanco, coordinador de asesores de la Presidencia, en donde tampoco se dio respuesta a la solicitud de información.
México comenzó a organizar la celebración del Bicentenario a mediados de 2006, siete años después de Chile y dos después de Argentina.



Avanza lento

2006

Jun. Fox nombra a Cuauhtémoc Cárdenas coordinador de la comisión organizadora de las conmemoraciones.
Nov. Cárdenas renuncia.


2007

Marzo. El Presidente Calderón encarga a Sergio Vela la elaboración de un plan de trabajo.
Sept. FCH designa a Rafael Tovar y de Teresa nuevo coordinador.
Nov. Tovar presenta su programa.

miércoles, 27 de agosto de 2008

SOBRE LA LEY DE MEDIOS


'Calderón renovó el pacto con las televisoras'

Karla Garduño Morán

Entrevista Javier Corral.


(24 agosto 2008).- La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de la llamada Ley Televisa representaba para Felipe Calderón una oportunidad única para hacer una reforma de medios a fondo, pero prefirió negociar con las televisoras y posponer la legislación en ese sentido, considera el ex senador panista Javier Corral.


A un año de la publicación de la resolución de la Corte -el 20 de agosto del 2007-, aún no se ha presentado una iniciativa alterna a la Ley de Radio y Televisión, cuyos artículos 16; 17-E, fracción V; 17-G; 20, fracciones I, II y III, y 28 y 28-A en su totalidad, la mayoría referentes a las concesiones, fueron invalidados.


Posterior a la sentencia, se formó un grupo plural de trabajo, con legisladores de todos los partidos, que prometió tener una iniciativa en seis meses, pero que hasta la fecha no ha presentado nada luego de 21 sesiones.


Corral, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), y uno de los ex legisladores que promovió el amparo contra la Ley Televisa, afirma que no existen las condiciones para que en este próximo periodo legislativo, o incluso en todo el sexenio, se dé una reforma a fondo de la Ley de Radio y Televisión.


"De aquí a las elecciones la ley va a ser muy difícil, porque se ha renovado el pacto entre el gobierno y las televisoras; se ha vuelto a suscribir un acuerpamiento entre el gobierno y el duopolio televisivo.


"La rectificación que Calderón alguna vez ofreció en este tema no se va a dar; decidieron renovar el pacto de mutua conveniencia y van a posponer la reforma. No hay voluntad real para sacar una reforma", dice Corral, cuyas diferencias con el dirigente de su partido, Germán Martínez, precisamente en este tema, lo llevaron a renunciar al Comité Ejecutivo Nacional del PAN la semana pasada.


¿Es posible deshacer ese pacto?


Ese cambio no provendrá de la clase política, no provendrá de la clase dirigente del país; serán un logro y una batalla de la sociedad civil organizada que decida cobrarle a la política su omisión y su inmovilidad en este tema.

Siempre hemos pensado que las grandes reformas, que el cambio para la transición democrática, provendrá de un acuerdo y de un consenso entre los principales actores de la clase política que, conscientes del momento, estarán a la altura de las circunstancias. Eso no es cierto, eso no se ve en ningún tema hoy en el país. Va a ser el impulso de la sociedad, organizado, articulado, estructurado en una acción que le cobre a la política su omisión. Para llegar a esa acción ciudadana hay que concientizar a la gente de que el tema del derecho a la comunicación es tan importante como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, a la educación, a la seguridad, al trabajo, que la información es un bien que le pertenece, que la información es un asunto por el que pasa todo lo demás.


¿Y que pasará con las reformas que se tienen que dar a las leyes secundarias en materia electoral a partir de los recientes cambios constitucionales?


Lo que va a salir es el derecho de réplica, siempre y cuando lo autorice Televisa. Calderón no va a aprobar ninguna reforma en materia de medios que no autorice Televisa.


La reforma constitucional en materia electoral necesita pocos complementos reglamentarios directos; se requieren mayores sanciones al incumplimiento, no más. Lo que la reforma electoral necesitaba era una reforma de medios completa, porque la reforma electoral lo que atacó fue un abuso en términos de la preponderancia del dinero como un elemento determinante en las elecciones a partir de la contratación de propaganda electoral. La prohibición de que los partidos entren en esa dinámica, los terceros, los particulares, es un avance, pero eso no libera a la política del duopolio de la televisión, eso no libera a las elecciones del criterio discrecional de dos familias que manejan la televisión en México.


Lo que lo liberaba era una reforma de medios que agrandara la cancha para que hubiera más jugadores. Se dejó en manos de dos familias decir quién existe y quién no, quién aparece y quién no, a quién se le promueve y a quién no.


¿Esto no es contravenir la sentencia de la Corte que, sin mandarlo expresamente, obliga a hacer una nueva ley?


En el ámbito del Poder Ejecutivo nada ha sucedido tras esa sentencia. ¿Por qué el presidente Calderón decide, como Fox, volver a posponer este tipo de reformas tan importantes para el país, qué pasa por los presidentes?


En el caso de Fox es inexplicable, sólo entendible por su desconocimiento del Estado, de la historia, por su desprecio por la política. En el caso de Calderón se entiende por su debilidad, por lo competido de su elección, lo cuestionado de su triunfo, los compromisos con que llega amarrado y porque decidió enfrentar el crimen organizado y hacer ésa su prioridad; concluyó que ésa es su misión en este sexenio y que para cumplirla necesita de todos los demás actores: de las televisores, del SNTE, de Romero Deschamps, y se vuelven a posponer reformas fundamentales.


¿Y el Congreso tampoco puede avanzar en ese sentido?


El Congreso está tan dividido que cualquier chantaje de cualquier grupo opera con una eficacia brutal en términos de la agenda. Son Manlio (Beltrones) y (Emilio) Gamboa los que chantajean a Calderón con estas cosas.


El gobierno decidió otorgarle al PRI la última palabra en estas decisiones y el PRI claro que no va a ir a una reforma en esta naturaleza; son los representantes de los intereses de la televisión, ni modo que con ellos fuera a haber una reforma estructural en esta materia. No va el PRI, no va el Presidente, pudiendo ir él por otra vía con otros actores, pero como la alianza es con el PRI, estos temas de reforma político-electoral no avanzan. Se apostó por la reforma energética y por esa reforma se negocian otras cosas.


Los trabajos del grupo plural, que hasta publicó un libro, ¿para qué sirvieron?


Eso da cuenta de cómo nos hemos acostumbrado todos los mexicanos a que nos vean la cara, a que nos den atole con el dedo. Un proceso que ofreció una iniciativa en seis meses, que se suscribió de cara a la nación, terminó en nada, porque se impusieron los intereses estrictamente económicos y los intereses político-partidarios de las cúpulas actuales.


No hubo un mecanismo que les exigiera que cumplieran su palabra. El grupo plural no podía llegar a más porque tenía resistencias muy importantes en el fondo: Manlio, Calderón, parte del PAN.


¿Cómo va a salir una reforma a la ley de medios si el gobierno y el partido decidieron cambiar a su coordinador parlamentario en el Senado porque no aparece en la televisión? Decidieron coexistir con la censura, en lugar de combatirla. ¿De dónde va a salir la voluntad o el impulso para hacer eso?


¿Qué papel juega el PRD en este tema?


El PRD como partido de oposición completo pues obviamente quiere la reforma y busca impulsarla, pero está en el peor de los medios, no tiene ninguna fuerza para impulsar una reforma de esta naturaleza porque no tiene ni voluntad ni ganas de entrar a negociar otra más. Está solo en esta reforma.


¿Entonces considera que durante los próximos tres años las reglas seguirán igual?


Sí, pero no se han visto las consecuencias de esta omisión. Repetir el 2009 bajo las mismas condiciones y reglas del 2006 será uno de los mayores yerros del gobierno y del Congreso. No están viendo que el país no da para otra elección como la del 2006.


Nadie como Calderón ha tenido las condiciones y circunstancias para impulsar una reforma de medios, porque nadie ha tenido una sentencia de la Corte, como este gobierno. Esta sentencia lo obligaba a reconformar la Cofetel, el órgano regulador del Estado en materia de telecomunicaciones. Optaron por dejar que se autogobiernen, porque sabemos que esos nombramientos fueron decididos por Televisa, que se le impusieron a Fox, y no pasó nada. Se renovó el pacto con las televisoras y eso vuelve a marcar la distancia.


Dice que el cambio vendrá de la sociedad, ¿y cómo se llegará a producir el impulso?


El mayor problema es que la reforma de medios no tiene medios para ser difundida. Éste es un tema que está en la preocupación ya hoy de mucha gente, con diferentes motivaciones. La política tiene sus motivaciones muy estrictas en este asunto, pero en términos de la sociedad en general, el país está excluido del sistema de medios electrónicos. Esa exclusión está generando que la gente tome conciencia del asunto e incluso que busque crear medios alternativos.


Necesitamos ir a las universidades, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a decirles que si este tema no lo incluyen en su agenda de reformas, su agenda de reformas no va a ser visible. De qué les sirve a los campesinos estar pidiendo la revisión del TLC si la nación no conoce sus demandas. Este tema tiene que convertirse en un tema de cambio estructural en el país de las organizaciones sociales.


Por ejemplo, de qué sirvieron 132 horas de debate en el Congreso de la Unión sobre la reforma energética si en la televisión masiva sólo pasaron 31 minutos.


Conózcalo

Nombre: Javier Corral Jurado

Fecha de nacimiento: 2 de agosto de 1966 en El Paso, Texas.

Estudios: licenciado en derecho y ciencias sociales por la Universidad de Occidente, en Los Mochis.

Trayectoria política: en 1982 se afilió al PAN. Fue diputado local en Chihuahua (1992-1995); presidente del Comité Estatal (1994-1997); diputado federal (1997-2000), donde presidió la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y elaboró la iniciativa para crear el Canal del Congreso; senador (2000-2006), y candidato a la gubernatura de Chihuahua en 2004. Recientemente fundó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.


lunes, 18 de agosto de 2008

RUMBO AL 2009




Trapecistas en las Cámaras


Por Karla Garduño Morán


(17 agosto 2008).- Al menos 15 senadores que terminan su periodo en el 2012 y nueve diputados que están a un año de concluir la legislatura hacen preparativos para buscar las gubernaturas que estarán en juego en los comicios del próximo año: Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.


En el 2009 también habrá elecciones en Jalisco, estado de México, Distrito Federal, Guanajuato, Morelos y Tabasco, para renovar diputados locales y alcaldes, y en Coahuila para cambiar presidentes municipales. En total se renovarán mil 95 cargos de elección popular en 13 entidades, por lo que decenas de políticos ya preparan el brinco de las Cámaras a las candidaturas.


Campeche

Tres legisladores priistas podrían pedir licencia para separarse momentánea o permanentemente de sus cargos para buscar la candidatura tricolor: el senador Alejandro Moreno, de 33 años, quien quedó habilitado tras una reforma aprobada por el Congreso de Campeche que redujo la edad mínima para ser gobernador; el también senador Fernando Ortega, que fue presidente municipal de la capital, diputado local y secretario de Educación del estado, y el diputado Víctor Manuel Méndez Lanz.


Estos legisladores deberán enfrentar en la interna al diputado local Carlos Felipe Ortega y al secretario de Turismo, Jorge Luis González.Por parte del PAN, el diputado Jorge Nordhausen también se benefició con la reforma constitucional, ya que podrá finalmente aspirar a la gubernatura, a pesar de haber nacido en Tamaulipas.


Entre sus posibles contrincantes destaca el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, a quien varios panistas ubican como el candidato del CEN del PAN para fortalecer las posibilidades del partido en el estado. Además de Mario Ávila, delegado de Sedesol en la entidad; Juan Carlos Lavalle, delegado de la SEP; José Ignacio Seara, alcalde de Ciudad del Carmen, y Rafael Alcalá, delegado de la Condusef.


La diputada de Convergencia Layda Sansores, quien ya fue candidata en 1997 y 2003, podría competir por tercera vez.


Colima

Los dos senadores panistas, Martha Sosa Govea y Jesús Dueñas, y el diputado Nabor Ochoa se perfilan como precandidatos a la gubernatura.Sosa Govea fue presidenta municipal de Manzanillo y diputada local. Dueñas, alcalde de Villa de Álvarez y diputado federal, y Ochoa, diputado federal, local y alcalde de Manzanillo.


Otros panistas que aspiran a la gubernatura son el titular de la Profeco, Antonio Morales, que ya fue candidato, y el alcalde de Manzanillo, Virgilio Mendoza.Por el PRI, el aspirante más connotado es el diputado Arnoldo Ochoa, que fue diputado local, secretario de Gobierno y gobernador interino de enero del 2004 a mayo del 2005, tras la muerte de Gustavo Vázquez.


Otros aspirantes priistas son el alcalde de Tecomán, Juan Carlos Pinto; el de Colima, Mario Anguiano, y los diputados locales, Luis Gaitán y Roberto Chapula.


Nuevo León

El senador panista Fernando Elizondo es mencionado como uno de los precandidatos panistas con más posibilidades de recuperar la gubernatura que el PRI arrebató al blanquiazul en el 2003.


En la contienda interna deberá enfrentar al alcalde de Monterrey, Adalberto Madero; al alcalde de San Pedro Garza, Fernando Margáin, y al diputado local Fernando Larrazábal.


En el PRI, el éxodo de legisladores federales podría ser más amplio, pues dos senadores y dos diputados ya se preparan para la contienda interna: Eloy Cantú, quien es senador por tercera vez y ha ocupado dos veces una curul en San Lázaro; el senador Jorge Mendoza, quien se vio involucrado a principios de año en un escándalo por utilizar la franquicia del Servicio Postal Mexicano con que cuenta el Senado para enviar más de un millón de cartas a los ciudadanos de su estado; el diputado Juan Francisco Bedoya, ex alcalde de Guadalupe y procurador del estado, y el diputado Ricardo Canavati, ex senador y ex presidente municipal de Monterrey y San Nicolás de los Garza.Además de ellos, aspiran el secretario de Gobierno, Rodrigo Medina; el secretario de Obras Públicas, Abel Guerra; el ex alcalde de Monterrey Benjamín Clariond, y la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz.El diputado priista Gustavo Caballero está listo para contender por la alcaldía de Monterrey.


Mientras que los panistas Juan Enrique Barrios, Marco Orozco y Juan Manuel Villanueva también podrían dejar la curul para aspirar a algún municipio.


Querétaro

Esperanzado en la posibilidad de arrebatar al PAN este bastión, el senador priista José Calzada Rovirosa ya se prepara para la campaña.


Calzada ha sido consejero en la embajada de México en Estados Unidos, administrador de Planeación Aduanera en la Secretaría de Hacienda y delegado de la Secretaría del Trabajo en su estado. Es hijo del ex gobernador Antonio Calzada Urquiza.


En el PAN se alista el senador Eduardo Nava, quien fue diputado local, delegado del Registro Agrario y coordinador de la campaña de Felipe Calderón en el estado. Aunque los candidatos más fuertes del blanquiazul están en el estado: el secretario de Gobierno, Alfredo Botello; el ex secretario de Desarrollo Agropecuario, Héctor Samuel Lugo; el alcalde de la capital, Manuel González Valle, y el edil de San Juan del Río, Jorge Rivadeneyra.


Otro senador panista queretano que hace maletas es Guillermo Tamborrel, quien aspira a la alcaldía de la capital del estado.


San Luis Potosí

Los senadores panistas Alejandro Zapata y Eugenio Govea alistan su salida de la Cámara alta para disputarse la candidatura de su partido. En la contienda interna podrían enfrentar a dos panistas más: José Alfonso Castillo, secretario de Gobierno y presunto favorito del gobernador actual, y Francisco Salazar, ex secretario del Trabajo.


Por el PRI, los legisladores que aspiran a la candidatura son el senador Carlos Jiménez Macías y el diputado Jesús Ramírez Stabros.Jiménez es senador por tercera vez y también tres veces ha sido diputado federal. Fue dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y vocero de la campaña presidencial de Roberto Madrazo.


Ramírez Stabros reconoce que las dos veces que ha sido electo diputado federal fue con miras a la gubernatura de San Luis Potosí. En esta ocasión cuenta con la ventaja de ser el único representante de su partido en la Cámara baja y con el apoyo de su coordinador, Emilio Gamboa.


Sonora

El diputado priista Carlos Zatarain es el legislador priista más activo en busca de la candidatura. Apodado El Bebo, ya mandó repartir por los municipios sonorenses propaganda con su imagen y fotografías en las que aparece codo a codo con los coordinadores de su partido, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa.


También el senador del tricolor, Alfonso Elías Serrano, tiene aspiraciones. Pero los candidatos que suenan más cercanos al gobernador actual, Eduardo Bours, son el alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara, y el ex alcalde Guatimoc Iberry. El ex secretario de Hacienda del estado y actual coordinador del programa de financiamiento del CEN del PRI, Guillermo Hopkins, también es un fuerte precandidato.


Por el PAN, el senador Guillermo Padrés es el más perfilado como candidato, al haber sido diputado local, federal y coordinador de la campaña del PAN en el 2003.María Dolores del Río, directora del INEA, y el diputado local Florencio Díaz Armenta son los otros precandidatos del blanquiazul.La contienda por la candidatura del PAN para Hermosillo podría dejar a este partido sin coordinador parlamentario en San Lázaro, pues el más fuerte aspirante es Héctor Larios, quien desde hace un año contrató al consultor español Xavier Domínguez -creador del polémico clon de Toluca- para hacerle una imagen.Larios deberá enfrentar en la interna panista a dos de sus compañeros de bancada: Luis Serrato y Luis Fernando Rodríguez, quienes también combinan su trabajo legislativo con los preparativos de campaña.


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martes, 22 de julio de 2008

SOBRE LA CONSULTA DEL GDF




Democracia directa, hecha en México

Por Karla Garduño Morán

20 de Julio del 2008


Mientras que en otros países la democracia directa se ejerce a través del plebiscito y del referéndum plenamente reglamentados, en México se opta por la consulta ciudadana, un mecanismo que da a los convocantes un amplio margen de maniobra.


En lugares como Canadá, Suiza, Venezuela, Chile y la mayoría de los estados de Estados Unidos, se recurre a instrumentos de participación ciudadana que se encuentran minuciosamente legislados, con reglas que incluyen por ejemplo cuánto presupuesto deberá gastarse, cómo se distribuirán los tiempos publicitarios y la obligación de formar comités que promuevan las distintas posturas.


Sus resultados además son vinculantes, de tal manera que a través de estos ejercicios los ciudadanos han tomado decisiones tan trascendentes como el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, la no autonomía de la provincia de Québec en Canadá o el ingreso de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.


En México, la organización de la consulta para la reforma petrolera convocada por el gobierno del Distrito Federal para el próximo domingo, ha dejado clara la necesidad de contar con instrumentos más claros en materia de democracia directa.


Sólo 17 entidades contemplan estos mecanismos en leyes de participación que carecen de la reglamentación suficiente para garantizar la objetividad y la autenticidad del proceso, además de que los resultados pocas veces son vinculantes.


"En muchos sistemas políticos se prevé la posibilidad de realizar consultas, plebiscitos, referendums, presentar iniciativas, pero esas medidas que pueden servir para completar las instancias de deliberación de las democracias representativas, son muy reglamentadas, tan reglamentadas como todos los demás tipos de consultas, como las elecciones.


"En México hemos pasado años negociando para garantizar que vamos a tener elecciones libres, transparentes, confiables; tuvimos que legislar de manera muy precisa. Si pensamos en algún momento introducir esas disposiciones de democracia directa, pues tendríamos que poner el mismo cuidado en la reglamentación y legislación de esos procesos", explica Jean François Prud'homme, coordinador académico de El Colegio de México y experto en el tema de la democracia directa.


La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal contempla 11 instrumentos: la iniciativa popular, la colaboración ciudadana, rendición de cuentas, difusión pública, red de contralorías ciudadanas, audiencia pública, recorridos del jefe delegacional, asamblea ciudadana, plebiscito, referéndum y consulta, y es en los últimos tres que se vota sobre una decisión de gobierno.


El PRD y el gobierno del Distrito Federal optaron por el más flexible de los tres: la consulta, que permite poner a votación cualquier tema de "impacto trascendental" y no precisa cómo deben llevarse a cabo ni la convocatoria ni el proceso.


Desde 1995, año en que se publicó la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, sólo se ha realizado un plebiscito -sobre la construcción del Segundo Piso del Periférico, con una participación de 6.6 por ciento- y, en cambio, se han hecho cuatro consultas: para el horario de verano (2001), las tarifas del transporte público (2002), la permanencia de López Obrador como jefe de Gobierno (2002) y la Consulta Verde del 2007.


Mientras que en el caso del plebiscito y el referéndum la ley obliga a que la convocatoria se publique 90 días antes (incluyendo las preguntas a realizar) en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y al menos un diario de circulación nacional, la invitación a la consulta puede emitirse siete días antes y "colocarse en los lugares de mayor afluencia de habitantes", sin que se obligue su publicación en ningún medio y sin especificar si debe incluir o no los cuestionamientos.


El gobierno de la ciudad publicó la convocatoria en la Gaceta Oficial el 19 de junio, especificando el día y horario de la votación; el 15 de julio lanzó las dos preguntas y hasta el jueves todavía no se sabía el número exacto de casillas ni su ubicación.


La consulta tampoco limita la participación a ciudadanos con credencial de elector, aunque el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa, ha dicho que en el caso de la consulta petrolera se llevará un registro en cada casilla con el nombre del ciudadano y su número de credencial, el cual podrá ser auditable.


Suiza es el país que más frecuentemente recurre al referéndum. Todos los cambios a la Constitución federal y los tratados internacionales que suponen el ingreso a una organización mundial tienen que ser sometidos al veredicto popular. Además, los ciudadanos pueden solicitar, con la recolección de 50 mil firmas, que se revise alguna decisión legislativa y con 100 mil se puede solicitar un cambio constitucional. En todos los casos, es obligatorio para el gobierno asumir los resultados.


En Italia, para proponer la abrogación de una ley o un cambio constitucional es preciso reunir la firma de 500 mil ciudadanos, un requisito que es superado la mayoría de las veces según explica el politólogo Leonardo Lombardi. Luego la propuesta es sometida a un doble control: el primero corre a cargo de la Oficina Central de Referéndum en el momento en que se depositan las firmas, y el segundo es tarea de la Corte Constitucional, la cual debe decidir si la solicitud de referéndum es viable.


Desde que se promulgó la ley en 1970, los italianos han concurrido a 13 procesos sobre materias tan diversas como el divorcio, el financiamiento de los partidos, la construcción de centrales nucleares, los controles ambientales y la privatización de la televisión pública, con una participación promedio del 80 por ciento.


"En un país con una tradición católica más que consolidada 'aunque sea sólo a nivel de declaración' que además hospeda al Vaticano, se llegó a legislar sobre el divorcio y el aborto después de consultas refrendarias que así lo exigieron", explica Lombardi.


En México, los plebiscitos y consultas que se han celebrado no han podido convocar a más del 20 por ciento del padrón, y las iniciativas ciudadanas de consulta no han procedido.En el Distrito Federal se requiere que el 0.5 por ciento del padrón electoral firme la petición (36 mil 685 electores), lo cual se cumplió en la petición de referéndum que hizo la Iglesia Católica sobre la ley que despenaliza el aborto, pero cuando la propuesta llegó a la Asamblea Legislativa, ésta declaró que el tema era improcedente.


Roberto Mellado, autor del libro Participación ciudadana institucionalizada y gobernabilidad en la Ciudad de México (Plaza y Valdés, 2001), censura el hecho de que los gobiernos sean los únicos facultados para convocar a estos ejercicios.


"No hemos construido una ciudadanía que pueda demandar totalmente estos espacios, pero cada vez está buscando más la forma de participar directamente, porque funcionó en 1985, ha funcionado en desastres nacionales, ha funcionado en algunos ejercicios como el plebiscito de 1993", advierte.


Las formas de democracia directa en los países donde se han puesto a votación decisiones de carácter nacional están reguladas en la Constitución y a través de leyes secundarias federales, que contemplan la forma de llevar a cabo el ejercicio correspondiente, aunque a nivel local los estados también cuenten con su propia legislación.


En México la Constitución sólo hace referencia a la consulta en su artículo 26, que faculta al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática (Plan Nacional de Desarrollo), pero no existe una ley que reglamente los ejercicios a nivel nacional.Esto alimenta el debate sobre la pertinencia o no de la consulta organizada por el lopezobradorismo.


El PAN la ha calificado como "irresponsable", porque la Ley del Distrito Federal señala que los instrumentos de participación ciudadana sólo tendrán efectos sobre temas concernientes a la ciudad.


El coordinador de la consulta, Manuel Camacho Solís, reconoce que lo ideal hubiera sido tener una reglamentación federal sobre la participación ciudadana para que el proceso contara con el rigor de ejercicios hechos en otros países, pero afirma que una reforma constitucional para regular el referéndum, el plebiscito o la consulta no hubiera contado con los votos suficientes simplemente porque al PAN no le convenía legislar en esa materia antes de votar la reforma petrolera.


Ante este vacío hubo que convocar a la consulta en el Distrito Federal y luego invitar a otros estados; en algunos el FAP tendrá apoyo de gobiernos perredistas y en otros de asociaciones civiles.La legitimidad y transparencia del proceso fue encomendada a un comité de 11 intelectuales y académicos, que también forman parte del Movimiento por la Defensa del Petróleo, quienes fungirán como máxima autoridad del proceso. Las asociaciones Alianza Cívica y Propuesta Cívica serán los "auditores ciudadanos independientes".


Los resultados, afirma, aunque no son vinculantes tendrán un peso político difícil de ignorar.


"Si ellos (los legisladores) ven que la participación es importante, que además el proceso se hace con limpieza, pues sí es uno de los elementos que van a tener que tomar en cuenta. Desde luego que los votos de los legisladores algo van a tener que ver con la opinión pública, porque finalmente están haciendo cálculos electorales para el 2009, y si ellos ven que hay ciertas posiciones en donde los ciudadanos están muy en contra, pues tampoco las van a comprar fácilmente, porque eso les representará un costo electoral el año que viene", explica.


El coordinador de las brigadas en defensa del petróleo y ex presidente del PRD capitalino, Ricardo Ruiz, advierte que si se legisla en contra de los resultados de la consulta se iniciaría una protesta que iría más allá de la toma de tribunas del pasado mes de abril.


"Un escenario óptimo sería que la confrontación que ya hay se resolviera por una vía legal constitucional; si no se hace caso a esa vía legal, a lo que se determine en la consulta, vamos a tener una confrontación que no quisiéramos, pero que estamos preparando", señala Ruiz.


El Oficial Mayor Electoral en Canadá y el Parlamento en Suiza son las instituciones encargadas de la organización cuando hay referéndum o plebiscito y sus funciones están estipuladas en sus leyes.


La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal sólo especifica en el caso del plebiscito y el referéndum que este papel lo tendrá el Instituto Electoral, pero en la consulta no se especifica qué autoridad lo organizará.Para la consulta de la reforma petrolera se conformó un Grupo Técnico integrado por las direcciones ejecutivas del Instituto Electoral del Distrito Federal, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social, la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y una representación de la Asamblea Legislativa.


Aunque la ley no lo obliga, el IEDF decidió participar en la organización, aunque no asumirá los gastos como lo hizo en el plebiscito del Segundo Piso del Periférico, que costó 48 millones de pesos. El gobierno de la ciudad financiará el ejercicio. Según García Ochoa, costará menos de 10 millones de pesos, pero el PAN capitalino ha calculado que se erogarán al menos 77 millones de pesos.


En otros países el balance en los procesos de consulta se garantiza a través de la regulación de las campañas. En Canadá, por ejemplo, se forman dos grupos, uno a favor del sí y otro a favor del no, que tienen un límite de gastos, cuentan con la misma cantidad de tiempo gratuito en los medios y están controlados por un consejo que vigila las campañas. Además, las preguntas se someten al juicio de los partidos de oposición.


La consulta para la reforma petrolera comenzó a difundirse el 23 de junio por parte del gobierno de la ciudad, aunque todavía no se daban a conocer las preguntas. A partir del 15 de julio, cuando se anunciaron las preguntas, el FAP intensificó la labor de sus 200 mil brigadistas para promover el no a la iniciativa de reforma enviada por el presidente Felipe Calderón.


Los defensores de la reforma, entre los cuales el mayor interesado podría ser el PAN, no han hecho una campaña abierta para orientar el voto en la consulta, pero sí han intensificado la difusión de las propuestas de la iniciativa y han repartido volantes con la leyenda de "SÍ a la modernización de Pemex".


Según senadores, la polémica que ha generado esta consulta podría ser el pretexto para que en México finalmente se legisle sobre la participación ciudadana a nivel federal.


Santiago Creel, presidente del Senado, dice que una vez que pase la politización que se ha dado en torno a la reforma energética, es posible que se retomen las propuestas al respecto. También el coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, afirma que su partido insistirá en la necesidad de normar estos procesos.


Los principales partidos en las Cámaras, PRD, PAN y PRI, incluyen en sus plataformas la promoción de formas de participación ciudadana y en la Ley para la Reforma del Estado, los tres, junto con Convergencia, el PVEM, Panal y Alternativa Socialdemócrata, incluyeron propuestas al respecto.


En el 2000, la diputada panista Fanny Arellanes presentó la propuesta para establecer figuras como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular; en el 2004, fue la perredista Susana Manzanares quien lanzó una iniciativa similar, pero que incluía la rendición de cuentas y la revocación de mandato; también en ese año la panista María Angélica Ramírez Luna presentó su iniciativa, y en el 2006, Javier Orozco Gómez, del PVEM, hizo lo propio; pero ninguna de las iniciativas ha entrado a discusión.

viernes, 18 de julio de 2008

MÉXICO EN EL G5




México frente al G-8 Reforma(06-Jul-2008).-
Para acudir a la reunión del G-8 con el G-5 el año pasado en Alemania, la delegación de México gastó más de 127 mil dólares en dos días y Felipe Calderón ni siquiera logró presentar su proyecto sobre cambio climático; sin embargo, el Presidente parte hoy a Japón para participar otra vez en la cumbre de los países más desarrollados del mundo.
Las reuniones con los mandatarios del G-8 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) y el G-5 (India, China, Sudáfrica, Brasil y México) pocas veces se traducen en compromisos concretos, pero para la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda, el que México esté presente es importante por la posibilidad de establecer relaciones con los países más desarrollados.
"No siempre se puede cuantificar el costo beneficio de este tipo de reuniones", admite la funcionaria, "ha habido una gran demanda para que México tenga una política exterior reconocida y un papel propio como actor global responsable. Ésta es una de las pruebas más concretas de que México está jugando donde se toman las decisiones y lo puede hacer. Muchas veces no hay resultados cuantificables, concretos, pero si alguien considera que es demasiado costoso que el Presidente vaya a sentarse en una reunión con los otros 12 líderes más importantes de la economía internacional... pues son posiciones opuestas de lo que se piensa que es la política exterior".
A pesar de haber sido invitado desde el 2005 en Inglaterra por los miembros del G-8, el G-5 no cuenta aún con el total reconocimiento de sus pares más desarrollados y sus propuestas no siempre son tomadas en cuenta.
En la primera participación de México, en Gleneagles 2005, Vicente Fox promovió la propuesta de reiniciar las negociaciones estancadas de la Organización Mundial de Comercio, a lo que los países desarrollados sí se comprometieron en su declaratoria final.
En el 2006, en San Petersburgo, se firmó el documento donde los países del G-5 urgían a los más desarrollados a eliminar los subsidios agrícolas que impiden el libre comercio de sus productos, pero el tema pasó a segundo término, pues el G-8 priorizó temas como la educación, la seguridad y el medio ambiente.
El año pasado en Heiligendamm, Alemania, el G-8 emitió su comunicado final antes de haberse reunido con el G-5, por lo que no se tomaron en cuenta sus propuestas sobre cambio climático, el tema que Calderón llevaba en agenda.
La subsecretaria menciona que Japón, el anfitrión del 2008, es precisamente uno de los más renuentes del G-8 a reconocer al grupo emergente, aunque les han prometido que no se repetirá lo sucedido en Alemania.
En junio, el primer ministro japonés, Yasuo Fukuda, dijo que el grupo de los cinco se ampliaba a ocho con la invitación de Australia, Corea e Indonesia y que sólo tratarían el tema del cambio climático; sin embargo, explica Aranda, el G-5 está formalmente definido sólo con los miembros iniciales y su dinámica de trabajo es independiente de lo que defina el G-8.
"Igual que el G-8 tomó mucho tiempo en crearse y en fortalecerse, el G-5 ha sido una cosa gradual que originalmente se motivó por estas invitaciones, pero lo que hemos estado buscando es que el G-5 tenga una vida propia independientemente de las reuniones con el G-8. Aunque una gran parte de los trabajos es tener una interlocución con este grupo de países, también a su vez es un ámbito en el que podemos revisar, hacer evaluaciones y tomar decisiones sobre temas que nos afectan a los países en desarrollo", comenta Aranda.
Desde octubre del año pasado México funge como coordinador del G-5, por lo que Calderón tiene el reto de lograr una mediación para que las propuestas que su grupo defina en una reunión previa sean tomadas en cuenta por los países más desarrollados, una labor que en palabras de la subsecretaria será facilitada por la buena relación que el país mantiene con los miembros de ambos bloques.


Intereses similares

Japón ha propuesto una agenda temática similar a la que se trató el año pasado en Heiligendamm, donde se discutieron temas relacionados con la economía mundial y la inversión entre países, el desarrollo de África y el cambio climático, pero ha agregado tópicos más actuales y urgentes como la crisis de los precios del petróleo, la seguridad alimentaria y la revisión de las llamadas Metas del Milenio (ocho metas definidas en el 2000 enfocadas a objetivos relacionados con la pobreza, educación, igualdad de género y el medio ambiente).
Fukuda ha insistido en la importancia del cambio climático y lanzará un programa llamado Cool Earth Promotion Programme, por lo que Calderón tendrá la oportunidad de insistir en la propuesta que llevaba el año pasado: lograr que los 13 países se comprometan a reducir sus emisiones. Esta propuesta fue bloqueada por China e India, que atribuyen a los países desarrollados mayor responsabilidad.
México también aprovechará para promover la iniciativa del Fondo Mundial sobre Cambio Climático, explica Aranda, también conocido como Fondo Verde, el cual busca incrementar los recursos internacionales para apoyar los esfuerzos de mitigación, adaptación y transparencia tecnológica.
La funcionaria explica que en enero de este año la preocupación del G-5 era, principalmente, la crisis financiera en Estados Unidos, pero este tema, que era muy candente, ha sido sustituido por otras crisis: el alza de los precios de los alimentos y del petróleo.
"Ésos son los temas en los que por lo menos los países del G-5 tenemos gran interés en tratar con nuestra contraparte del G-8", señala la subsecretaria, quien a su vez funge como sherpa, término utilizado para nombrar a la persona cercana a los mandatarios encargada de coordinar las reuniones.


El Proceso de Heiligendamm

En la tercera reunión ampliada del G-8 con el G-5, el año pasado, se dio finalmente un paso más concreto en la intención de llegar a acuerdos sobre ciertos temas, al firmarse el Proceso de Heiligendamm, una iniciativa que propicia la reunión de expertos y funcionarios de alto nivel de cada uno de los 13 países, divididos en cuatro temas definidos como los pilares de la discusión.
Los temas son: caminos para lograr que la inversión transfronteriza implique beneficios mutuos, la promoción de la investigación y la innovación respetando la propiedad intelectual, la eficiencia energética y el desarrollo.
Cada grupo se ha reunido por lo menos dos veces desde que se firmó el acuerdo en junio del 2007, en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en Francia.
"Es una dinámica importante en la que expertos de países del G-5 y del G-8 tienen la oportunidad de dialogar, discutir, comentar, inclusive de tratar de convencerse mutuamente sobre cuáles son las opciones para el desarrollo en estos temas", explica la embajadora.
Cada uno de los grupos de trabajo es dirigido por un miembro del G-8 y uno del G-5; México, por ejemplo, preside el relacionado con la inversión transfronteriza. Sin embargo, los resultados de cada una de estas juntas no se han hecho públicos. Se tiene previsto que en esta cumbre de Japón se emita un informe previo y el comunicado final se dará a conocer hasta el final del proceso en la siguiente reunión del G-8 en Italia.
Otra meta en el viaje de Calderón es consolidar al G-5 como grupo, por lo que se buscará que, además de la reunión que sostienen los líderes de estos cinco países antes del diálogo ampliado con el G-8, sus respectivos cancilleres se reúnan por lo menos una vez al año.
La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, se reunió con sus homólogos de China, Yang Jiechi; India, Pranab Mukherjee, y Sudáfrica, Nkosana Dlamini-Zuma, además del subsecretario brasileño, Everton Vargas, en septiembre del año pasado en Nueva York no sólo para dar seguimiento a los temas discutidos, sino también para reflexionar cómo fortalecer al grupo, explica la subsecretaria, quien también sostiene encuentros periódicos con los sherpas de los otros países.