De la expropiación a la 'apertura' Reforma(16-Mar-2008).-
Las empresas petroleras extranjeras, que hace 70 años salieron del país tras la expropiación decretada por Lázaro Cárdenas, trabajan desde hace décadas en México asumiendo labores que según la ley reglamentaria del Artículo 27 Constitucional corresponden exclusivamente a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, como el transporte de crudo y la producción de gas y petróleo.
A partir de una reforma hecha a esta ley reglamentaria en 1995, áreas como el transporte, almacenamiento y distribución de gas asociado, así como la petroquímica, se abrieron al capital privado, pero aquellas que continúan reservadas a la paraestatal están siendo igualmente desarrolladas por empresas transnacionales.
Según el artículo tercero de la ley reglamentaria del artículo 27, sólo la nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que implican la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano del petróleo, el gas y los productos que se obtengan de la refinación, además de la distribución y ventas de los petroquímicos básicos.
En la práctica, bajo el esquema de los llamados Contratos de Servicios Múltiples, se ha cedido la producción de gas natural a particulares. Del 2003 hasta ahora se han licitado siete bloques en la región de la Cuenca de Burgos (que según datos de la Sener produce el 25 por ciento del total del gas en el territorio) para que el mismo número de empresas ejecuten las obras de "infraestructura y mantenimiento de campos de gas no asociado", que implican la producción del hidrocarburo.
La española Repsol, la brasileña PTD Servicios Múltiples (Petrobras), la texana Lewis Energy, y cuatro mexicanas: Servicios Múltiples de Burgos, Industrial Perforadora de Campeche, Desarrollo y Servicio Petrolero y Monclova Pirineos Gas han ido obteniendo los bloques de la cuenca para producir gas no asociado, el cual no entra en las excepciones al artículo tercero de la ley reglamentaria.
Desde el 2003, cuando se firmaron estos contratos, especialistas y legisladores advirtieron de su probable ilegalidad: "Los Contratos de Servicios Múltiples transfieren renta petrolera a los contratistas sin haber asumido el riesgo de la exploración. Lo correcto es que el Estado se quede con toda esa renta por ser el propietario del recurso y el que asumió el riesgo", señalaba el economista de la UNAM Víctor Rodríguez Padilla, en un estudio presentado a la Cámara de Diputados.
Legisladores priistas y perredistas interpusieron una demanda de inconstitucionalidad por los primeros contratos, pero en el 2005 el juez federal Fernando Rangel declaró que los promoventes carecían de personalidad jurídica para cuestionarlos.
"Ahí hay actos de ilegalidad muy grandes", asegura el senador perredista Graco Ramírez, secretario de la Comisión de Energía, "son actos de corrupción para favorecer intereses privados, en lugar de haber hecho una planeación de perforación y ahorro del gas que quemamos en los pozos petroleros y haber desarrollado tecnología para empezar a utilizar ese gas y favorecer también a mediano y largo plazo la perforación de pozos de gas seco".
Contratos de obra
Algo similar a lo que sucede en la Cuenca de Burgos se da en otras áreas de la producción de petróleo crudo. A partir de la firma de contratos de obra, varias compañías internacionales están llevando a cabo trabajos de perforación y producción en pozos petroleros, una actividad que constitucionalmente sólo le corresponde a Pemex.
Aunque apegándose al artículo sexto de la ley reglamentaria la paraestatal puede celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que requiere, en sentido estricto la actividad de perforación y producción le toca sólo al Estado.
"Es una forma de privatización, porque innecesariamente se transfieren a estas compañías actividades, empleos e insumos que podrían ser de Pemex. Sin necesidad, se está abriendo cada vez más la participación de actividades que deberían estar reservadas al Estado", dice Francisco Garaicochea, presidente del grupo Constitución de 1917.
De los 44 pozos en desarrollo perforados en 2007, la mitad fueron excavados por Pemex y la otra mitad por Mexdrill Offshore, Mexico Drilling Limited, TDCO México, Sam Noble, Goimar, Nabors y Noble Drilling.
Además, el año pasado se firmaron contratos por 4 mil millones de pesos con compañías como la texana Halliburton y la francesa Schlumberger para perforar pozos, realizar estudios geofísicos y adquirir maquinaria. De los 224 equipos de exploración con que cuenta Pemex, 123 son de su propiedad y el resto los renta a este tipo de empresas.
"Halliburton y Schlumberger reciben toda la información que toman de los registros geofísicos de los pozos y de primera mano se enteran del potencial que tiene Pemex a través de esos registros", explica Garaicochea.
Ninguna de estas compañías obtiene derecho alguno sobre los hidrocarburos, ya que la ley estipula que "en ningún caso (Pemex) concederá por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, porcentajes en los productos, ni participación en los resultados de las explotaciones".
Se trata de un convenio distinto a los llamados "contratos de riesgo" que operan las grandes compañías petroleras como Shell, Chevron y British Petroleum en otras partes del mundo y que implican obtener un porcentaje sobre el hidrocarburo explotado, o retirarse sin recuperar su inversión en caso de no hallar petróleo.
"Pemex sigue teniendo el control de la operación de esos servicios y sigue teniendo la toma de decisiones sobre la ejecución. Ha recurrido a esos servicios, pero también tiene los técnicos que dominan el conocimiento; por lo tanto, la compañía no va suelta (como ocurre en los contratos de riesgo)", argumenta Alfonso Hickman, también miembro del grupo Constitución del 17.
Si se llegara a abrir la ley, estas mismas empresas podrían pasar a trabajar con Pemex en forma de asociación y no en contratos de obras, como sucedió en Brasil a partir de 1997.
También los ductos
La última cesión a la iniciativa privada fue la del transporte de crudo del Sistema 4, que opera cerca de 65 kilómetros de ductos en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.
En noviembre del 2007 la empresa EMS Energy ganó un contrato por 400 millones de dólares y 10 años de duración para llevar a cabo el "aseguramiento de la integridad y la confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos". Aunque las cláusulas no señalan explícitamente la operación de los ductos, el ingeniero Isidro Rodríguez Carvajal, ex trabajador por 31 años del área de Construcción y Mantenimiento de Ductos de la paraestatal, explica que no se puede llevar a cabo la protección del transporte sin intervenir en su operación.
"Por esos ductos pasa el 100 por ciento del crudo que va a llegar a las seis refinerías que tiene Pemex; cualquier problema que se presentara pararía a las refinerías, ya que sólo tienen almacenamiento por cinco días", explica Rodríguez.
El contrato realizado con EMS Energy también incluye la infraestructura y adquisición de futuras instalaciones, la asistencia técnica en la operación y la planeación. El convenio se financiará a través de los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto, conocidos como Pidiregas, lo que significa que la empresa realiza la inversión y al terminar las obras traslada a Pemex la deuda de financiamiento adquirida.
Este tipo de contratos, explica un estudio realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, están diseñados para que la paraestatal obtenga los recursos una vez que las obras estén concluidas y en condiciones de generar ingresos. Sólo que en el caso del convenio con EMS Energy no se trata de obras nuevas que vayan a generar un producto mercantil.
Intercambio tecnológico
Pemex ha celebrado convenios de colaboración en materia de investigación, desarrollo científico y tecnológico con al menos seis empresas extranjeras: la inglesa Shell, las estadounidenses ExxonMobil y Chevron, la noruega Statoil, la canadiense Nexen, la brasileña Petrobras y la danesa Maersk Olie Og Gas. Según Pemex los convenios no tienen fin comercial, pero se manejan con absoluta reserva.
Se supone que estos convenios están encaminados a la evaluación del potencial de desarrollo en aguas profundas, pero sus verdaderos alcances están ocultos por una cláusula de confidencialidad que protege por 10 años la información intercambiada entre los firmantes.
Así se indica en el décimoprimer punto del convenio establecido con ExxonMobil: "Las Partes se obligan a mantener con toda la reserva que sea necesaria la confidencialidad de la 'Información Confidencial' que reciban de la otra Parte a partir de la fecha de firma de este Convenio o con anterioridad a la misma y a no enajenarla, arrendarla, prestarla, grabarla, negociarla, revelarla, publicarla, enseñarla, darla a conocer, transmitirla o de alguna otra forma divulgarla o proporcionarla, total o parcialmente a cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, pública o privada, por cualquier medio conocido o por conocerse, aún cuando se trate de incluirla o entregarla en otros documentos como estudios, reportes, propuestas u ofertas, en todo o en parte".
A contracorriente
Para entrar a explorar y producir especialmente en las aguas profundas del Golfo de México, el gobierno ha comenzado a promover la idea de asociarse con las grandes compañías petroleras mediante convenios distintos a los contratos de obra que ya se manejan. Pero mientras la Presidencia de la República hace esta promoción a través de un spot que puso al aire en tiempos oficiales y colgó en su sitio de internet (http://www.presidencia.gob.mx/), en otros países la tendencia es recuperar la propiedad cedida anteriormente a las transnacionales.
Bolivia y Ecuador en Sudamérica, Rusia y China en Asia son algunos de los países que han retomado el control de sus hidrocarburos al revisar los llamados contratos de riesgo que mantienen con estas empresas, los cuales implican compartir o incluso ceder los derechos sobre lo explotado.
El aumento progresivo de la demanda mundial de petróleo -2 por ciento anual según la Agencia Internacional de Energía- y la declinación en las reservas de algunas regiones como el Mar del Norte, principal fuente de abastecimiento de Europa, han dado mayor fuerza a los países con empresas nacionales: Arabia Saudita, Irán, Iraq, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Libia y Nigeria.
Las empresas nacionales más fuertes cuentan con una razón de reserva/producción de 78 años, mientras que las cinco compañías internacionales más grandes (ExxonMobil, BP, Chevron, ConocoPhillips y Shell) suman apenas un índice de 11 años, según un artículo publicado en enero del 2008 en la World Energy Magazine por Mike Bahorich, director de Exploración y Producción y vicepresiden- te de la compañía petrolera Apache Corporation.
Un estudio del servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos, publicado en agosto del 2007, reconoce que no es probable que la tendencia cambie a favor de las transnacionales porque hay una competencia cada vez más fuerte y evidente entre las NOC (National Oil Companies) y las IOC (International Oils Companies).
"En la medida en que las naciones establecen sus propias empresas petroleras nacionales, los territorios abiertos a la exploración y al desarrollo por parte de empresas privadas podrían reducirse. Como lo sugiere el ejemplo de Venezuela, incluso en los países donde hay asociaciones entre las empresas petroleras privadas y las nacionales, si se da cualquier revisión de las acciones, es probable que sea a favor de las nacionales", señala dicho estudio.
La disputa entre ExxonMobil y PDVSA, luego de que la empresa venezolana nacionalizara los proyectos petroleros en la faja del Orinoco, es un ejemplo de cómo se busca retomar el mando.
Bolivia también ha recuperado cierto control sobre sus yacimientos de gas. A pesar de no contar con infraestructura para su procesamiento, el presidente Evo Morales nacionalizó el gas en mayo del 2006, pero no en un esquema de expropiación como el que en 1937 dio lugar a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tras expulsar a la Standard Oil del país. Esta vez la YPFB negoció con las compañías que explotaban el gas en Bolivia -Petrobras, Repsol y Total- contratos donde la empresa nacional se quedaría con el 60 u 82 por ciento de los réditos de la producción.
Ecuador reformó el año pasado su Ley de Hidrocarburos para exigir a las empresas internacionales el 99 por ciento de los excedentes por las ventas petroleras. La acción del presidente Rafael Correa vino tras la decisión de su antecesor, Alfredo Palacios, de cancelar el contrato de la compañía estadounidense Occidental Petroleum.
"Lo que han hecho muchos gobiernos, ha sido renegociar los contratos de riesgo", explica Rosío Vargas, experta en el sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. "Se sabe que la energía es un bien tan importante que ningún país está en la posición de dejarlo bajo el control de los privados, porque se ha vuelto un asunto de seguridad energética".
Incluso Petrobras, que permite desde 1997 la intervención de transnacionales en la producción de crudo, detuvo sus licitaciones a partir del descubrimiento el año pasado del campo Tupi, con reservas de hasta 8 mil millones de barriles. El anuncio del descubrimiento del campo sucedió días antes de la novena licitación de la Agencia Nacional de Petróleo, y en ésta se excluyeron 41 campos con las mismas características de Tupi, con la intención de replantear las condiciones de las licitaciones.
En una reunión celebrada con el grupo Constitución del 17, Fernando Siqueira y Murilo Marcato, miembros de la Asociación de Ingenieros de Petrobras (AEPET), explicaron que después de la reforma de 1997 las más beneficiadas han sido las transnacionales y no el Estado brasileño.
El primer 18 por ciento de acciones que se cotizaron en Wall Street en 2001, por ejemplo, se vendieron en 20 mil millones de dólares, mientras que el estimado total del patrimonio de la empresa era de 500 mil millones de dólares. Ahora Petrobras cuenta sólo con el 40 por ciento de las acciones de la petrolera, ya que otro 40 se cotiza en Nueva York y el resto en otros mercados.
"La privatización se vendió como que se haría sólo con empresas deficitarias, o que serían asociaciones, pero la realidad es que se vendieron muy baratas y no benefició al país", dijo Marcato.
De nacional a nacional
En lugar de asociarse con las transnacionales, las empresas nacionales tienden a buscar alianzas entre sí. Rusia, India y China, por ejemplo, firmaron el año pasado un convenio para controlar gasoductos a través de Asia Central y el Medio Oriente.
Lukoil tiene apenas un 14 por ciento de capital del Estado ruso, pero el gobierno de Vladimir Putin ha venido estableciendo acuerdos con otros países para el desarrollo de una red de oleoductos y gasoductos y convertirse en el árbitro del suministro de petróleo y gas para Europa y los grandes centros económicos y demográficos del Asia oriental.
Ante el crecimiento económico, China es de los países con más aumento de demanda energética. Ha recibido fuerte inversión extranjera, pero al mismo tiempo sus tres mayores compañías petroleras estatales, la Corporación Petrolera de China, la Corporación Petroquímica de China y la Corporación Nacional de China de Petróleo Marítimo, han realizado contratos y compras de campos de petróleo y gas en el exterior.
"China e India están buscando suministros seguros para sus crecientes economías, haciendo contratos con países como Sudán en Irán, donde las transnacionales han salidos por razones políticas", explica la investigadora Vargas.
Las acciones de estos países han alertado a Estados Unidos, que en un reporte realizado por el Consejo Nacional del Petróleo y titulado Hard truths about energy, advierte que se trata de un riesgo para la seguridad energética de su país y recomienda a las empresas buscar mayores alianzas para fortalecer el intercambio comercial y la inversión global en energía.
En esos planes tienen en la mira a México.
PUBLICADO EN ENFOQUE EL 16 DE MARZO DEL 2008
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